Se estima que en Uruguay viven aproximadamente 550.000 adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años, de los cuales casi 200.000 representan 12,1% de la fuerza de trabajo del país: según datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística de 2017, 36% de estos jóvenes estaban empleados y otro 12% buscaba trabajo. Pero su acceso al mercado laboral es problemático: los jóvenes enfrentan mayores dificultades, tanto en términos de acceso al empleo como de su calidad. Los datos indican que alcanzan niveles de desempleo tres veces mayores que los del resto de la población (25% contra 8%, en promedio), se concentran principalmente en ocupaciones de baja calificación, sus niveles de precariedad laboral –informalidad y subempleo– son mayores y sus ingresos son, en promedio, la mitad del monto que reciben los ocupados adultos, todo esto trabajando apenas 10% menos de horas por semana. Si bien existe una creencia de que los jóvenes son más despreocupados y arriesgados en relación con el resto de los trabajadores, existen elementos que muestran que no todos los jóvenes están dispuestos a trabajar a cualquier precio y en cualquier condición.

Con el objetivo de contribuir al conocimiento acerca de la seguridad y la salud laboral de los trabajadores de entre 15 y 24 años en Uruguay, la Organización Internacional del Trabajo hizo un estudio, financiado por el Departamento de Empleo de Estados Unidos, a partir del análisis cuantitativo de diversas bases estadísticas, de la institucionalidad vigente, y actitudes y patrones de comportamiento de los empleadores y de los trabajadores jóvenes, que presentó el viernes el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

¿Quiénes son los jóvenes que trabajan en Uruguay?

Los trabajadores jóvenes son mayoritariamente hombres y se concentran en el tramo de 21 a 24 años. La presencia de trabajadores menores a 18 años en el mercado de trabajo es “baja” –de 7%–, pero se destaca por su vulnerabilidad –“muy baja calificación”– y condiciones laborales más precarias –informalidad superior a 80%–. La distribución de los trabajadores jóvenes según el lugar de residencia es similar a la de los trabajadores en general: 40% vive en Montevideo, 54% en el interior urbano y 6% en zonas rurales. Y en términos de ascendencia étnico-racial, la incidencia afro o negra es levemente mayor entre los jóvenes (13%), lo que agrega otro rasgo de vulnerabilidad. “Apenas uno de cada tres jóvenes que trabajan sigue estudiando”, indica el informe. Sin embargo, en comparación con el total de ocupados, los jóvenes tienen una cantidad similar de años de instrucción (10,4 y 10, en cada caso).

La incidencia del multiempleo es “baja” según el estudio –4%–, mientras que en los restantes segmentos de edad se ubica por encima de 10%. Una característica diferencial del empleo juvenil es que tres de cada cuatro son asalariados del sector privado, y es muy baja la incidencia de los públicos (7%) y de los cuentapropistas (14%). En este sentido, el informe destaca la baja incidencia de los programas sociales de empleo juvenil, que apenas llegan a cubrir el 1% de los trabajadores de entre 15 y 24 años.

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Otro rasgo diferencial es que se desempeñan mayoritariamente en ocupaciones de baja calificación –30%–, en tanto comparten con el promedio el sesgo en la distribución por sector de actividad: los hombres con menor nivel educativo tienen mayor participación en sectores de actividad primaria y secundaria, mientras que las mujeres y las de mayor nivel educativo tienen mayor participación en el sector terciario.

En otro orden, los jóvenes tienden a emplearse en micro y pequeñas empresas –de dos a 19 trabajadores– en mayor medida que el resto de los trabajadores, lo que se asocia en general con mayores riesgos para su salud y seguridad. En cuanto a la jornada laboral, tienden a trabajar los fines de semana en mayor medida que el resto, pero es menor la proporción de jóvenes que hacen jornadas de trabajo mayores de diez horas. Los jóvenes con niveles educativos más bajos parecen estar más expuestos al trabajo nocturno, y también trabajan en mayor proporción los fines de semana. En promedio, los jóvenes trabajan 33,6 horas semanales en su empleo principal, lo que supone cuatro horas menos que el promedio nacional para el total de ocupados. En relación con los ingresos, llama la atención que 70% tenían en 2017 salarios menores a 20.000 pesos, mientras que en el total de ocupados sólo 41% recibe un monto igual o menor. En definitiva, los jóvenes trabajan aproximadamente 10% menos de horas semanales pero tienen ingresos casi 50% más bajos que el total de ocupados.

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Otro aspecto que muestra su mayor vulnerabilidad es la informalidad, de 35% entre jóvenes, 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional para el total de trabajadores. Los mayores niveles se presentan en la construcción (60%) y en el sector agropecuario (49%). Por otro lado, se destaca que los trabajadores de nivel educativo bajo presentan porcentajes más altos de informalidad que el promedio de los jóvenes (56%).

¿Qué tipo de accidentes tienen en sus trabajos?

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De los 165.000 accidentes amparados por la Ley 16.074 y registrados desde 2013 hasta el segundo semestre de 2018 por el Monitor de Accidentes Laborales del Banco de Seguros del Estado, 20% los sufrieron trabajadores menores de 25 años, a pesar de que representan 12% del total de la fuerza laboral. Más allá de esto, se constata una reducción sostenida de los accidentes: se pasó de 42.761 en 2014 a 32.970 en 2017, lo que implica una disminución de 23%, con mayor incidencia entre los trabajadores jóvenes. Entre los accidentes que resultan en la muerte del trabajador también hubo una reducción sustancial: se pasó de 50 accidentes fatales en 2015 a la mitad en 2017. En este caso, los jóvenes son el grupo etario con menor riesgo: en 2017 fallecieron dos. “En definitiva, el análisis muestra que los jóvenes están expuestos a mayores riesgos de sufrir algún tipo de accidente laboral, aunque el riesgo de muerte a causa de accidentes laborales es sensiblemente menor que [para] el resto de los trabajadores”, se resume.

En los accidentes no fatales el género es una variable que condiciona: 77% lo sufren varones y 23% restante, mujeres. Otro factor que influye es la estabilidad del contrato laboral: 56% de los accidentes de trabajadores jóvenes corresponde a jornaleros, 40% a trabajadores mensuales y el resto a destajistas y zafrales. Por otra parte, la distribución según sector de actividad muestra que 29% se producen en los servicios, 23% en el comercio, 21% en la industria, 14% en la agricultura, la pesca y la minería y 9% en la construcción.

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Los jóvenes sufren los mismos tipos de accidentes que el resto de los trabajadores: los principales vinculados a esfuerzos físicos excesivos o falsos movimientos, caídas y choques con objetos o golpes por estos, y las zonas del cuerpo más afectadas son los miembros superiores e inferiores. Casi 70% de los trabajadores jóvenes declara que el tipo de lesión más frecuente son los dolores, seguidos por las contracturas y por los cortes, heridas y pinchazos. A su vez, 21% declara haber sentido tensión, estrés o depresión motivados por problemas en el trabajo. Si bien la incidencia de situaciones asociadas a riesgos psicosociales es, en términos porcentuales, más baja que la registrada en los riesgos ambientales o asociados a la naturaleza del trabajo, las mujeres tienen mayores problemas asociados al maltrato emocional o al acoso laboral, que queda invisibilizado por tratarse de una dimensión compleja de observar o de medir.

Sus valoraciones sobre la salud y la seguridad laboral

Los jóvenes valoran la remuneración y el buen trato como atributos definitorios de un buen trabajo, lo que los diferencia del promedio de trabajadores uruguayos, quienes priorizan las posibilidades de desarrollo de carrera y la capacitación, entre otros. Existe la creencia generalizada de que a los jóvenes no les importa la salud ni la seguridad en el trabajo –o que les importa menos que al resto–, pero al consultarlos al respecto, algo más de la mitad dice que les importa mucho. Hay un porcentaje en torno a 20% que declara que no le asigna importancia, pero se trata justamente de los trabajadores jóvenes que se encuentran en las peores condiciones de trabajo.

Por otro lado, muchos de los jóvenes se encuentran lejanos a la acción colectiva e insertos en empresas y sectores en los que la trayectoria sindical en estos temas es incipiente o nula, y los avances en términos de negociación colectiva en los Consejos de Salarios están centrados en aspectos como la regulación de horas de trabajo y salario, entre otras, algo que también constituye “una barrera importante”.

Recomendaciones de un ojo internacional

Las recomendaciones del estudio se centran, fundamentalmente, en tres dimensiones. Por un lado, se aconseja mejorar la forma de registro de la siniestralidad y generar mecanismos efectivos de control de las notificaciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como la realización de mediciones y análisis específicos que reflejen la heterogeneidad sectorial. Por otro lado, se afirma que el marco normativo referido a la salud y la seguridad en el trabajo se encuentra “disperso” y muchas veces es desconocido, por tanto se recomienda la formulación de una ley con el rango jerárquico adecuado, que ordene y sistematice la regulación, así como que se hagan mayores esfuerzos en la difusión.

Por último, se sugiere la organización de talleres o la introducción de módulos temáticos en los programas de educación media, incluyendo temas como trabajo decente, derechos y deberes de los trabajadores y de los empleadores, conceptos sobre salud y seguridad, y concientización y sensibilización sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para abarcar a todo el abanico de trabajadores, se recomienda el establecimiento de un curso obligatorio por intermedio de un organismo público o tripartito.

El estudio también llama la atención a la creciente ola migratoria en el país. En este sentido, recomienda el diseño de acciones de capacitación específicas.