La presidenta de ANCAP, Marta Jara, compareció ayer ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados para explicar el superávit de 88 millones de dólares del ente al cierre de 2018. A la salida, Jara se mostró molesta con la Federación ANCAP (FANCAP), el sindicato de la empresa pública que preside, por su intención de cortarle el suministro de combustible a Petrobras, en solidaridad con la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas), por el conflicto que mantienen con la petrolera brasileña.

En un comunicado difundido el lunes, FANCAP señaló que la lucha de la Uaoegas no le es ajena, y expresó su esperanza de que “el gobierno garantice los puestos de trabajo” en las empresas de Petrobras (Montevideo Gas y Conecta), así como “el servicio público” que ofrecen. Además de anunciar la medida mencionada, el sindicato explicó que al momento de iniciar el corte de suministro evaluarán si se afectará sólo al aeropuerto (donde las naves se pueden abastecer en una estación de Petrobras o una de ANCAP) o se incluirá a las estaciones de servicio de la petrolera.

"Francamente no entendemos por qué FANCAP insiste en traer a ANCAP conflictos que son de otras empresas”, expresó Jara, y manifestó que el directorio del ente aún no se ha reunido con el sindicato, porque no existe “una notificación formal” sobre la medida que este se propone. No obstante, afirmó que las autoridades de ANCAP están dispuestas a tomar las acciones necesarias para que no se concrete esa medida. “Si queremos defender la empresa, no puede ser que tengamos situaciones como estas”, dijo Jara, y aseguró que el directorio va a “actuar dentro del marco legal”. En ese sentido, comentó que ANCAP está “evaluando la situación” y comenzó “gestiones” con el PIT-CNT y el Poder Ejecutivo, porque “este conflicto no le pertenece”.

En diálogo con la diaria, el integrante del directorio de ANCAP por el Partido Nacional (PN), Diego Labat, sostuvo que entre la administración de la empresa y el sindicato “las relaciones son correctas”, aunque reconoció que ha habido problemas debido a "trascendidos" como el de la denuncia de los funcionarios, en marzo de este año, de un posible cierre de plantas en Treinta y Tres y Durazno, que fue desmentido por el ente mediante un comunicado.

Sobre el anuncio de la medida en apoyo a Uaoegas, Labat opinó que los trabajadores “están en todo su derecho de tomar medidas, pero cuando esas medidas de lucha se hacen con nombre y apellido se tornan peligrosas”. “Hoy le cortan [el suministro de combustible] a Petrobras, mañana se lo cortan a un ciudadano común. ¿Dónde termina esto? Es un camino que no deberíamos recorrer”, afirmó.

El director planteó que si FANCAP lleva adelante la medida, ANCAP deberá tomar “las medidas necesarias para que no tenga ningún efecto” en perjuicio de la población, la producción y la empresa. Opinó que en primera instancia se debería notificar al sindicato de que con esa medida estaría “incumpliendo con buena parte de su obligación”, y que si con eso no basta “ANCAP tendrá que llegar a la Justicia”.

“No debería ser necesario recurrir a la Justicia para resolver un asunto de estos”, pero “ANCAP tiene obligaciones, y por lo tanto tiene que tomar todas las medidas necesarias para cumplir con ellas”, expresó Labat.

Al final del semestre

Por otra parte, Jara comentó que se había presentado a la Comisión de Industria la información solicitada por el diputado nacionalista Pablo Abdala en relación con el balance de la empresa correspondiente al año pasado. Sostuvo que uno de los planteos principales de Abdala se refirió a los precios, y adelantó que el mes próximo se revisará si corresponde aumentar los de los combustibles.

La jerarca añadió que en ANCAP se efectúa un “monitoreo constante de variables” y se debe esperar “que corra este primer semestre” para evaluar la modificación de los costos. “Por el momento, no tenemos nada más que adelantar”, aseveró.

Por su parte, Abdala expresó que estaba “conforme” con el resultado de la comparecencia, porque “se cumplió el objetivo de acceder a la información”, y destacó que las autoridades de ANCAP respondieron a todas sus preguntas. Sin embargo, aclaró que está “preocupado” porque los precios de los combustibles en Uruguay “no son competitivos” y “están por encima de los valores internacionales”.

En su cuenta de Twitter, Abdala valoró que “más allá de las mejoras” en la gestión de la empresa pública, los precios altos de los combustibles se mantienen, y “se agranda” la diferencia con otros países de la región. “Se nos dijo que en junio los van a ‘revisar’. Ergo, van a aumentar. No hay otra interpretación posible”, añadió.

El diputado aseguró que el balance positivo de la empresa en el último año responde a la decisión de incrementar el valor de los combustibles a mediados de 2018, y a las variaciones en los precios del barril de petróleo y del dólar en el segundo semestre de ese año.

Además, Abdala planteó que ANCAP se ve perjudicada por el incremento del gasto gubernamental y por los impuestos sobre los bienes y productos que comercializa el ente, que son “responsabilidad” del Poder Ejecutivo, y afirmó que persisten las secuelas del “deterioro patrimonial que se produjo en el pasado”, en referencia a la gestión del ex vicepresidente Raúl Sendic, de 2010 a 2013.