Trabajo
Trabajadores durante la cosecha de naranja, en un establecimiento del departamento de Paysandú. (archivo, agosto de 2010

Tras acuerdo, Ejecutivo presentará proyecto de ley para habilitar seguro de paro especial para citrícolas

Con el sector arándanos firmaron convenio colectivo con significativos avances en materia no salarial.

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En los próximos días el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento un proyecto de ley para habilitar un seguro de paro especial para los trabajadores del sector citrícola. Una de las impulsoras de esta iniciativa, la diputada frenteamplista por Salto Manuela Mutti, explicó a la diaria que el sector se ha visto afectado por un “cambio varietal” que fue planificado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para mejorar la producción a largo plazo y “no quedar afuera de los mercados citrícolas”, que implica que se cortaran “los árboles que había y se plantaran nuevas especies de árboles. “Pero lleva un tiempo hasta que crecen los árboles nuevos y vuelven a dar frutas. Eso tiene como consecuencia que se acorte la zafra, que se achique la cantidad de jornales y la gente que se precisa, y eso se combina con otras situaciones departamentales como la sequía –en el caso de Salto, también la granizada–. Todo esto fundamentó los dos seguros especiales por los que mandamos minutas de comunicación desde el Parlamento al Poder Ejecutivo para que se aprobaran estos seguros especiales”, sostuvo la diputada. Este año se pensó de nuevo en la misma solución, pero “sabíamos que legalmente tres seguros especiales no se podían votar”, por lo que se comenzó a trabajar entre diputados del Frente Amplio del litoral; entre otros, la Coordinadora del Citrus y los ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de Economía y Finanzas, para generar un proyecto de ley que “habilite al Poder Ejecutivo a votar nuevamente un seguro especial para este sector”. Para Mutti, el seguro de paro debe abarcar la próxima zafra “y un poco más”, debido a que el año que viene el Parlamento “no está en condiciones de votar este tipo de leyes” por ser año electoral.

El anuncio del acuerdo sobre este proyecto de ley se dio un día después de que se firmara el convenio colectivo del grupo 23 de los Consejos de Salarios, subgrupo 6, “Citricultura y arándanos”, que fue considerado “positivo” tanto por el MTSS como por los sindicatos. Este convenio tiene vigencia desde el 1º de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2020 y se firmó considerando al sector como “en problemas”, de acuerdo a las pautas presentadas por el Poder Ejecutivo para la ronda.

Al 1º de enero de este año dispone de un ajuste general de salarios de 3,25%, con 0,5% adicional para los salarios que a la fecha no superen el salario mínimo nacional en 25% (SMN: 13.430 pesos, más 25%: 16.878 pesos). El salario mínimo de un peón común quedó establecido en 13.616 pesos, el del peón especializado I en 14.296 pesos, y así se incrementa en cada categoría hasta llegar a la de capataz general, cuyo salario mínimo se fijó en 20.080 pesos. Además, se establece que el ficto por alimentación y vivienda sea de 3.297 pesos mensuales. A julio de 2.018 el ajuste salarial será también de 3,25%, pero el 1º de enero de 2019 y el 1º de julio de ese año se aplicarán ajustes de 3,00%.

Sin embargo, lo que más destacaron tanto las autoridades como los sindicalistas fueron los avances en materia no salarial que se pudieron plasmar en el convenio, como la compensación por suspensión de jornada, la conformación de una comisión para estudiar las categorías, de otra para estudiar soluciones a los jornales perdidos por razones climáticas, y la introducción de una cláusula de equidad y género. Esta última establece “en forma expresa” que “el sexo no es causa de ninguna diferencia en las remuneraciones, por lo que las categorías se refieren indistintamente a hombres y mujeres”. “Las empresas promoverán la equidad de género en toda la relación laboral . A tales efectos, se comprometen a respetar la no discriminación a la hora del ingreso al trabajo, al promover ascensos, al adjudicar tareas y al establecer la remuneración pertinente”, se agrega. La cláusula, además, otorga dos días de licencia por año “no acumulables” por concepto de violencia de género, adicionales a la licencia anual.

La dirigente de la Unión de Trabajadores Citrícolas Rurales (Utracir) e integrante de la Coordinadora del Citrus Graciela Sena dijo a la diaria que aunque hubieran aspirado “a un poquito más”, “dada la situación por la que está pasando el sector citrícola, para nosotros es positivo lo que pudimos lograr”. Destacó los avances que se lograron “en cosas que ya teníamos”, como el presentismo, la inclusión de mejoras en la cláusula de equidad y género, y la generación de “ámbitos para procurar categorías y jornales perdidos, que en el área rural es un tema muy importante porque se pierden jornales por factores climáticos, por logística de las empresas o por cuestiones de los mercados”. “Dentro de los lineamientos del Poder Ejecutivo estábamos dentro de la franja de sectores en problemas, por lo que a nivel salarial fue lo máximo que pudimos conseguir”, agregó Sena. La trabajadora informó que la producción de arándanos y cítricos da empleo a unas 20.000 personas, que en su mayoría son mujeres jefas de hogar.

Por su parte, Rafael Rodríguez, del Sindicato de Trabajadores del Arándano y Afines (Sitraa), también consideró “positiva” la firma del convenio y valoró el resultado porque “fue una ronda bastante complicada, con muchos tires y aflojes”. “La cosa no está sólo complicada para los trabajadores, sino también para las empresas. Hemos tenido convenios mejores que este, pero eran otros tiempos, otra situación del país”, concluyó. Rodríguez contó que 100% de la producción de arándanos de la empresa en la que trabaja se exporta y que durante dos años fue castigada “duramente” por granizadas.

Consultados por la diaria en referencia a la situación de la negociación colectiva del grupo 22 Ganadería, Agricultura y Actividades Conexas, dirigentes de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines confirmaron que “el panorama está incambiado” desde el 14 de agosto, cuando los representantes de las gremiales empresariales rurales decidieron retirarse en conjunto del ámbito tripartito. En pocas semanas se expediría el plazo para la presentación de un convenio, por lo que el Poder Ejecutivo deberá laudar aumentos y ajustes salariales por decreto.

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