Trabajo
De izq. a der. Alfredo Lago, presidente de la ACA, y los productores arroceros Alfredo Furtado (padre) y Alfredo Furtado (hijo) durante la inauguración de la cosecha de arroz 2017, en Rocha.

Causas y consecuencias del retiro de las gremiales empresariales rurales de la negociación colectiva

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El 14 de agosto, la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Asociación Rural del Uruguay (ARU),las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) y la Federación Rural (FR) se retiraron en bloque de la ronda de Consejos de Salarios. Mediante un comunicado, argumentaron que el Poder Ejecutivo no ofrece “las garantías y condiciones necesarias para continu...
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El 14 de agosto, la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Asociación Rural del Uruguay (ARU),las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) y la Federación Rural (FR) se retiraron en bloque de la ronda de Consejos de Salarios. Mediante un comunicado, argumentaron que el Poder Ejecutivo no ofrece “las garantías y condiciones necesarias para continuar” la negociación colectiva por la fijación “de un correctivo en forma no ajustada al decreto del 29 de diciembre de 2016” y por la situación “de conflicto” en Conaprole en particular, y “de la industria láctea en general, que afecta a toda la producción nacional y en particular a los productores lecheros”.

El decreto al que hacen referencia las gremiales empresariales rurales es el que fijó los salarios mínimos por categoría y los ajustes correspondientes al grupo 22, Ganadería,Agricultura y Actividades Conexas, incluyendo todos los subgrupos, con excepción del de plantaciones de caña de azúcar, en la ronda anterior. En este decreto consta que se habían agotado todas las instancias de negociación, por lo que se debía proceder a votar, pero “la delegación empresarial pretendió incorporar un alegato defendiendo su posición, iniciativa que no es pertinente de acuerdo a la naturaleza prescriptiva de los Consejos de Salarios y que bien pudo salvarse mediante la suscripción de un acta complementaria donde cada parte dejara expreso su punto de vista”. “Ante la imposibilidad de ver contemplada su posición la delegación empleadora optó por retirarse al momento de la votación, pese a que no se le había vedado la posibilidad de fundamentar su voto”, continúa el texto.

Al no haberse logrado un convenio, el Poder Ejecutivo sólo puede fijar por decreto los mínimos, los ajustes, los fictos por alimentación y vivienda y la cláusula de salvaguarda, o sea que cualquier cláusula no salarial (condiciones de trabajo, licencia sindical, clausulas de género, de paz, etcétera) queda excluida. La salida de las gremiales de la presente ronda conduce a un escenario similar: las reivindicaciones no salariales de la Unión Nacional de Trabajadores, Asalariados Rurales y Afines (Unatra) volverán a no ser consideradas (ver recuadro).

Plataforma de la Unatra para el grupo 22

1. Incremento salarial con ajustes semestrales y correctivos anuales.
2. Pago de prima por antigüedad a partir del tercer año consecutivo de trabajo cumplido. El pago se realizará mensualmente sobre los años de trabajo efectivos y la prima alcanzará a 1% del salario base.
3. Pago de cuatro partidas fijas de 2.000 pesos cada una en el correr del convenio a pagarse en los meses de marzo y setiembre de cada año. Adicionalmente, en marzo, previo al comienzo de las clases, se entregará un set escolar compuesto por una mochila con útiles de estudio y ropa adecuada por cada hijo de trabajador que asista a primaria o secundaria.
4. Las empresas entregarán a los trabajadores el apero, las herramientas y la ropa de trabajo necesaria para desempeñar las tareas que les corresponden de acuerdo a su categoría de trabajo.
5. El traslado al lugar de trabajo que supere los 15 kilómetros desde el lugar de residencia del trabajador será considerado como hora de trabajo y como tal, deberá ser remunerada.
6. Las horas dedicadas a la capacitación deberán pagarse en el mismo mes de realizadas las mismas, conjuntamente con el resto de haberes.
7. Se propone incrementar las horas de licencia sindical total de 250 a 350 horas mensuales.

El decreto en cuestión establece un correctivo a aplicarse a los 18 meses de su vigencia, por la diferencia entre la inflación acumulada en dicho período y los ajustes salariales otorgados, y otro al final del período de vigencia (30 de junio de 2018) que implica “un ajuste salarial en más por la diferencia entre la inflación observada desde la aplicación del correctivo anterior (12 o seis meses según corresponda)” y los ajustes salariales de ese período.

Para el Poder Ejecutivo, la aplicación del correctivo final arroja incrementos salariales de 2,52% en tambos y en el arroz, y de 2,02% en los demás sectores. Estos porcentajes salen de aplicar el correctivo a los últimos seis meses de vigencia del decreto, ya que en el período anterior los ajustes estuvieron por encima de la inflación y no se aplicó el primer correctivo.

La gerenta general de la ACA, María Noel Sanguinetti, explicó a la diaria que durante el período de vigencia del decreto “todos los aumentos fueron por encima de la inflación”. “En el único período en que la inflación va por encima es en el último semestre [1/1/18 al 30/6/18]. Entonces si vamos a los dos años, en realidad hubo una recuperación salarial acumulada de 1,255% en el arroz”, agregó.

El presidente de la ARU, Pablo Zerbino, opinó que la aplicación del correctivo por parte del Poder Ejecutivo está “fuera de toda lógica”. “Lo que hubiera correspondido era una rebaja del 1%. Esto no se condice con la realidad del sector. Si a este correctivo le agregamos lo que va a ser la negociación, vamos a estar muy por encima de los valores que se pueden tolerar para que las empresas consigan recuperar algo de rentabilidad, de competitividad [...]; hasta que no se solucione lo de Conaprole y hasta que no se revea este correctivo impuesto no volveremos a la mesa de negociación de los Consejos de Salarios”, enfatizó Zerbino, en declaraciones a Radio Uruguay cuando participaba de la presentación del grupo Ciudadanos y de la precandidatura de Ernesto Talvi por el Partido Colorado.

El Poder Ejecutivo tuvo una reacción monolítica ante el retiro de las gremiales. Los titulares del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro; del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Danilo Astori, lamentaron la decisión. “Acá no es un tema de interpretación. Está disponible el decreto de 2016 y el artículo en el que se establece que en este sector hay que hacer un correctivo final sobre los últimos seis meses comparando inflación con salarios. Es muy claro. No es que el Ministerio interprete eso, es claramente lo que dice la letra”, dijo Murro a TNU el jueves. El ministro remarcó que en 2016 “cuando ellos se retiraron y hubo que hacer un decreto fue casi que el único decreto, una excepción”, porque “hubo 118 consejos de salarios y en 112, 95%, hubo acuerdo entre empresarios y trabajadores”. Por su parte, Astori dijo que no le parece “que se contribuya al diálogo retirándose de un ámbito de negociación tan importante como este”. “Ojalá podamos revisar esta decisión y convencernos de que si no es por la vía del diálogo es muy difícil obtener resultados positivos para todas las partes en juego”, agregó en declaraciones a Telemundo.

Benech dijo que ve con preocupación la decisión de las gremiales. “Negociación es negociación, todos tenemos que ceder en algo, pero es difícil si dejamos de negociar”, opinó en conferencia de prensa.

El dirigente de la Unatra César Rodríguez, que participó de la reunión del martes del grupo 22, dijo a la diaria que en un sueldo de peón común de 20.000 pesos, la aplicación del correctivo significa “400 pesos por trabajador”. “Si esto genera que las gremiales decidan levantarse de la mesa de una negociación colectiva estamos rayando lo ridículo. El no tener o no querer buscar un acuerdo va en perjuicio de los trabajadores”, expresó.

Arroz blanco

Desde el retorno de los Consejos de Salarios en 2006, la ACA mantuvo una posición distinta a la del resto de las gremiales empresariales rurales. La negociación colectiva se realizó en el subgrupo “Plantaciones de arroz”, y ese año y el siguiente se suscribieron convenios colectivos con la Unatra. En 2008 y 2010, si bien no hubo acuerdo, el Poder Ejecutivo votó junto con la gremial arrocera, dejando en minoría al sindicato. En la 5ª ronda, en 2013, se negoció en conjunto en el grupo “madre”, el 22, y fue el Poder Ejecutivo el que propuso y fue acompañado por los trabajadores con su voto. Las gremiales empresariales rurales votaron en contra y dejaron constancia en el acta de sus discrepancias, planteando que los aumentos establecidos estaban alejados “de la realidad y posibilidades del sector”.

Para la ronda de este año la ACA solicitó formalmente negociar de nuevo en el subgrupo del arroz, a lo que la Unatra accedió pero “con el planteo de que hiciera una propuesta por escrito”, según Rodríguez. “Reconocimos que el sector tiene dificultades diferentes al sector de la ganadería, de la lechería, por una cuestión de realidad productiva”, añadió el sindicalista.

Es entonces que la ACA propone un “aumento salarial de 0%” para un plazo de 12 meses con una nueva ronda de negociación el año que viene, incorporando “capacitaciones” a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional “en temas que hacen a tecnologías en la producción, seguridad y salud ocupacional, aplicaciones, derechos laborales y seguridad social, entre otros”, “en el marco de la reducción del área y producción de la actividad arrocera”.

El miércoles había reunión del grupo 22 a las 13.00 y a las 14.00 del subgrupo del arroz. Las gremiales pidieron un cuarto intermedio y luego dieron a conocer el comunicado de que se retiraban de la negociación, algo que para los sindicalistas estaba decidido de antemano. Rodríguez contó que la Unatra manifestó su “voluntad de seguir buscándole la vuelta” a la negociación, incluso aceptando “la dura propuesta de 0% de aumento”, pero “yendo por una jornada de trabajo de menos horas”. “Queríamos que eso constara en las actas, pero se negaron a firmarlas”, agregó. Además, consideró que pusieron la situación del sector lácteo como excusa, sabiendo que ese mismo día tanto el Poder Ejecutivo como el PIT-CNT trabajaban para encontrar soluciones a la problemática.

La propuesta de la ACA de “0% de aumento salarial” parece haberse impuesto como la fórmula de todas las gremiales empresariales rurales. En el ámbito de los sindicatos se percibe que la gremial arrocera, que antes se intentaba distanciar de las posturas más conservadoras de la ARU y la FR, fue la que empujó a esta decisión en conjunto. Se percibe un cambio de estrategia.

Primeras veces

El 16 de mayo de 2006 el presidente Tabaré Vázquez decretaba (138/006) el incremento salarial de los trabajadores del sector agropecuario del grupo Ganadería, Agricultura y Actividades Conexas, debido a que “no se logró acuerdo” en la negociación colectiva de aquella 1ª Ronda de los Consejos de Salarios, según consta en el decreto. Era la primera vez en la historia de Uruguay que los asalariados rurales de ese rubro obtenían un aumento salarial regido por una norma de alcance nacional.

El peón común pasaba a ganar un mínimo de 3.525 pesos y el porcentaje de aumento quedó fijado en 4,87%. Además, el decreto estableció el pago de 1.225 pesos nominales mensuales para aquellos trabajadores que los que las empresas no les brindaran alimentación y vivienda. En cambio, ese mismo año, en el subgrupo correspondiente al sector arrocero, la ACA y la Unatra, alcanzaba a firmar un convenio con el mismo porcentaje de aumento (4,87%), pero además estableciendo la conformación de una comisión tripartita “a los efectos de tratar temas de interés común”, así como la entrega por parte de las empresas a los trabajadores de una canasta con cinco kilos de arroz, cinco de fideos y cinco litros de aceite junto con el pago del sueldo de algunos meses del año. El convenio también estableció una cláusula de paz. Al año siguiente se volvió a firmar un convenio en este sector, y en 2008 otro, que fue aprobado por la representación del Poder Ejecutivo y de la ACA, pero no por el sindicato, que entendió que no era el “mismo escenario que aquel en que se llegó a acuerdo en la negociación anterior”.

En marzo de 2017, Ernesto Stirling renunció a la presidencia de ACA por “diferencias de matices con el resto de la directiva arrocera”, según declaró el actual presidente de la asociación, Alfredo Lago, a El Observador en ese momento. Stirling renunció en el marco del conflicto de la ACA con la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay. Justo cuando comenzaba la zafra arrocera, los transportistas exigieron la aplicación de una tarifa que no era la que algunos productores pagaban a los camioneros con los que trabajaban. Esto desató un duro cruce de acusaciones entre ambas gremiales.

Luego de la reunión que representantes de las gremiales rurales mantuvieron en enero con el presidente Tabaré Vázquez y autoridades del Poder Ejecutivo, fueron Lago y la presidenta de las CAF, Virginia San Martín, los que hablaron con la prensa. En ese momento Lago destacó el “camino del diálogo” como forma de encontrar soluciones, pero también reclamó al gobierno “medidas de acción” de “impacto y de magnitud”. Las gremiales se quejan de la falta de competitividad, de los altos costos de producción y del “atraso cambiario” entre el peso y el dólar.

Pero para Sanguinetti no hubo un cambio en la ACA. Explicó que “hace seis años que se está en una situación de pérdida de las empresas arroceras. Esto ha repercutido en una baja del área de cultivo, por lo tanto en la cantidad de productores y en la producción global, y eso repercute en los puestos de trabajo”. “El sector arrocero negoció siempre en subgrupo hasta 2013. En ese momento el sector arrocero pidió para negociar en subgrupo, pero el Poder Ejecutivo dijo que no”, agregó la gerenta.

Sanguinetti dijo que en la ronda de 2016 la ACA volvió a solicitar la apertura del subgrupo del arroz “por las particularidades que tiene el sector”, pero los sindicatos plantearon que “iban a ver cómo calificaba el sector arroz” de acuerdo a las pautas del Poder Ejecutivo “y nosotros dijimos ‘en estas condiciones nos mantenemos en el grupo madre’”. “En esta oportunidad se pidió de nuevo la apertura del subgrupo y empezamos a negociar”, agregó. La gerenta dijo que “no hubo un cambio” en la ACA, y añadió: “Es cierto que tenemos una mesa de acuerdos y de intercambio que se llama Campo Unido, que la integran los presidentes de las gremiales, donde tenemos una fuerte coordinación. La ACA mantiene una línea de trabajo muy orgánica,con una fuerte representatividad en la directiva de las comisiones regionales”.

Sanguinetti destacó que el problema es la “situación muy crítica” del sector, y tiró algunas cifras: “El año pasado tuvimos una zafra de 168.000 hectáreas, este año de 160.000, y estamos pronosticando una caída de entre 12% y 15% para la próxima zafra”.

Arroz con tuco

El miércoles, en conferencia de prensa el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, apuntó a los arroceros. “Es un disparate antidemocrático, especialmente lo que hace la ACA”, dijo en referencia a la presentación de la propuesta de aumento salarial de 0%, algo que “no existe”, “es reaccionario”, “es la dictadura”.

Abdala explicó que a quien compete interpretar un decreto es al Poder Ejecutivo, y hubiera sido “distinto” si se hubiera llegado a un acuerdo tripartito, lo cual no fue posible porque “ellos [las gremiales empresariales] se retiraron de la negociación”. Anunció que este tema va a ser jerarquizado en la plataforma reivindicativa del paro general de 24 horas del próximo miércoles 22, y que van a “pedir reuniones del más alto nivel” con el gobierno. Abdala calificó de vergonzoso que las gremiales se retiren por 400 pesos por trabajador, y opinó que en el fondo lo que quieren es “vaciar de contenido la negociación colectiva”. “Esperamos que esto quede encapsulado aquí y que no signifique una generalización de una situación que sería muy negativa para el mundo del trabajo”, expresó. Para el dirigente “esta actitud es negativa para las grandes mayorías del país”.

Rodríguez fue en el mismo sentido: “Esto es un claro ataque a la herramienta de los Consejos de Salarios, que le han aportado un importante avance a la dignidad del trabajo rural. Por la vía de los hechos es un intento de flexibilización laboral”.

Según pudo saber la diaria, el martes, después del comunicado, los presidentes de las gremiales empresariales rurales se reunieron con Astori, Benech y el subsecretario del MEF, Pablo Ferreri, entre otras autoridades. Los representantes del Poder Ejecutivo quedaron en estudiar lo planteado por las gremiales y dar una respuesta, que hasta ayer no había llegado.

En tanto, Murro dijo que se han reunido y van a seguir reuniéndose “con dirigentes de las gremiales empresariales rurales”. “Lo hemos hecho en estas horas y lo vamos a seguir haciendo. Le hemos ofrecido incluso mantener los ámbitos de negociación, pero si ellos quieren hacer esto lo lamentamos, nosotros haremos lo que tenemos que hacer”, concluyó.

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