Trabajo

“Temas del agro que los trabajadores queremos debatir”

Critican “preferencias” tributarias, desregulación sobre precio y renta de la tierra, y márgenes de intermediación.

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Con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador Rural, el 30 de abril, y dado el papel protagónico que ha tenido el sector desde la presencia masiva del movimiento de autoconvocados Un Solo Uruguay en prensa, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT consideró oportuno profundizar en la “nueva realidad actual” del sector. Por un lado reflexiona sobre los beneficios recibidos sobre otros sect...
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Con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador Rural, el 30 de abril, y dado el papel protagónico que ha tenido el sector desde la presencia masiva del movimiento de autoconvocados Un Solo Uruguay en prensa, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT consideró oportuno profundizar en la “nueva realidad actual” del sector. Por un lado reflexiona sobre los beneficios recibidos sobre otros sectores de actividad –algunos basados en justificaciones ya caducas– y también propone cambiar la lógica de desarrollo: “No hacerlo sólo en función de las mochilas que actualmente puedan tener, sino enmarcar el debate en un proyecto de desarrollo nacional inclusivo, en el que se tengan en cuenta aspectos centrales como la sustentabilidad ambiental, el desarrollo y la justicia social de todos los uruguayos”. En definitiva: buscar una mirada más amplia que incluya la evolución del agro –trabajadores y empresarios a la par– al tiempo que se contemple a los demás sectores.

Según datos del Banco Central, el sector agropecuario –que incluye la agricultura, la ganadería y la silvicultura– representó 5,1% de la producción total del país en 2017, y sus productos, casi dos tercios de la canasta de bienes exportados. Aun así, la realidad del agro “sigue siendo diversa y compleja”: mientras la ganadería en términos productivos se mantuvo constante, la agricultura y la silvicultura registraron récords históricos en los últimos años.

Fiscalidades

La presión tributaria sobre el agro, definida como el total de impuestos –incluyendo la contribución patronal a la seguridad social– en función del Producto Interno Bruto (PIB) sectorial, viene oscilando entre 6% y 9% desde 2005. En particular, el año pasado fue de 8,8% –unos 280 millones de dólares–, la más alta en los últimos años, producto de un aumento en la mayoría de las recaudaciones salvo del Impuesto al Patrimonio (IP) –en declive desde 2014–. La tendencia en términos generales no es clara: ni al alza ni a la baja. Y en comparación con otros sectores, la presión es menor y también inferior a la que recae, en promedio, sobre los uruguayos (33%, aproximadamente).

Por este motivo, el instituto reclama un debate en torno a los impuestos que rigen en el agro en la actualidad a pesar de las intenciones equiparativas de la reforma de 2007, con “diferencias importantes” en las modalidades de tributación que permiten que “la tasa de aportación efectiva siga siendo menor que el resto”. Algunos ejemplos de esto son la posibilidad de tributar Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios en lugar de Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas; las exoneraciones de IVA, así como las vigentes sobre el IP y el elevado monto mínimo no imponible, por no olvidar que recién hace tres años –después de 20 de exoneración– volvieron a pagar el Impuesto de Primaria.

La salida sería, para la central sindical, un desmarque de “las necesidades empresariales de mayor rentabilidad”, así como la búsqueda de una estrategia de política fiscal “más global y sostenida en una mayor equidad” que no propicie “la subutilización de la tierra o su uso con fines especulativos” y, por otro lado, que “premie la innovación, el empleo y el incremento de la productividad, con la potencialidad de orientar la producción más allá de las señales del mercado”.

Otro punto en la búsqueda de un debate tributario más amplio refiere a los aportes a la seguridad social. Existe una impresión –ya caduca– de que el agro sostiene a nivel impositivo y de transferencias al resto de los sectores de la sociedad, cuando hace tiempo que sucede al revés. Según datos del Banco de Previsión Social, la tasa de aportación en el agro ronda el 17% –15% por aporte de los trabajadores–, mientras que en la industria, la construcción o el servicio doméstico supera el 20%.

Es que también en lo que refiere a aportes patronales, las empresas del agro se rigen por reglas distintas a las del resto. El régimen establece que no se hacen en función de la masa salarial remunerada sino de las hectáreas utilizadas, lo que favorece en términos relativos a quienes más trabajadores contratan. “En este sentido puede entenderse como un estímulo al empleo en el sector”, reconocen desde el Cuesta Duarte, pero en la práctica, genera una menor aportación relativa que “tiene como consecuencia directa que la relación entre egresos y aportes del sector rural sea más deficitaria que en el resto de los otros sectores, lo que significa una mayor transferencia de recursos de la sociedad hacia la seguridad social del agro”, beneficiando a los trabajadores remunerados pero también a los patrones y sus familias.

Trabajo

A nivel salarial, los reclamos son más conocidos. Aun así, algunos números los ilustran con mayor claridad. De las 135.000 personas que trabajan en el agro (8% de los ocupados), 80.000 son asalariados, 40.000 productores familiares –propietarios o arrendadores– y 15.000 patrones. En cuanto a los primeros, el instituto reclama que sus salarios “siguen siendo notoriamente bajos” comparados con el resto de los sectores de actividad, ubicándose en algunos casos levemente por encima del salario mínimo nacional. El salario de ingreso de los peones ganaderos ronda los 14.000 pesos mensuales líquidos (en la mano), en los tambos casi 13.800 y entre los arroceros, 16.000. En otras ramas como la fruticultura, los criaderos de cerdos y la apicultura, la situación es más crítica, de 11.600 pesos mensuales, mientras que en la forestación era de casi 13.500 pesos.

Además, desde el instituto se destacan dos situaciones de precariedad: por un lado, las escalas salariales “relativamente cortas” que conducen a remuneraciones apenas más elevadas en cargos altamente especializados –17.300 en el caso del arroz y los tambos, y es algo superior en la ganadería–; y por otro, la de los jornaleros –“en la mayoría de los casos por razones ajenas a su voluntad”–, con salarios efectivamente cobrados aún más bajos.

Además de este punto de partida, el Cuesta Duarte reclama que, a diferencia de lo que ocurre en otras mesas de Consejos de Salarios, en la mayoría de los sectores rurales ha sido difícil alcanzar acuerdos entre las partes, lo que “refleja la complejidad” a la que se enfrentan los trabajadores con sus reivindicaciones salariales y “obstaculiza los avances en otros aspectos no salariales que solamente se pueden incorporar en los convenios en la medida en que se alcance un acuerdo entre las partes”.

Las condiciones laborales de los trabajadores en este ámbito, a pesar de los avances legislativos de los últimos años, son precarias en su conjunto, producto del arrastre de años de desamparo. Sobre este punto señalan que son aspectos en los que las leyes no pueden llegar “si no se da un cambio en la ‘cultura’” de las relaciones laborales.

Tierra

El precio de la tierra registró un crecimiento exponencial en los últimos 15 años. Una ilustración de esto es que en los últimos cuatro años alcanzó los dos registros más elevados en la historia: en 2014, de 3.934 dólares por hectárea, y en 2017, de 3.716. A efectos de comparación: en 2002 se encontraba en 386 dólares.

Sobre este punto, el PIT-CNT entiende que el “fuerte” crecimiento en el precio de la tierra –“muy por encima de los otros factores productivos y activos de la economía– refleja la “coyuntura próspera que atravesó el sector en los últimos años”, y también pone sobre la mesa una serie de desafíos. Por un lado, convierte la tierra en “un activo relevante por la posibilidad de arrendarla a precios óptimos o adquirirla con fines meramente especulativos” y, por otro, genera consecuencias “trascendentes” en el plano distributivo, ya que “al valorizarse un activo muy concentrado incide en la distribución negativa de los ingresos actuales y en la riqueza acumulada”.

Con el incremento en el precio de la tierra aumentó también –y de cerca– su renta. Un estudio citado por el Cuesta Duarte señala que del total de la renta de la tierra apropiada en los últimos 15 años, casi 40% fue para terratenientes, mientras que los propietarios que a la vez son empresarios y producen se adueñaron de algo más de 45%. Por este motivo, insisten en que la concentración y la extranjerización de este recurso “requieren de un análisis y debate mucho más profundo, que trasciende temas de rentabilidad y costos, y debe ser analizado en el marco de lo que ambos implican para el proyecto de desarrollo del país y la soberanía misma”.

Sectorial

No es novedad la heterogeneidad en el sistema productivo local –tanto entre subsectores de actividad como entre productores de un mismo subsector–, pero desde la central sindical señalan que en el agro este rasgo “se presenta de manera muy nítida” y que esto se vio “acentuado en los últimos años de la mano del fuerte proceso de inversión”. En este sentido, además de “un obstáculo para el desarrollo productivo”, se señala que estas diferencias en productividad se vinculan con aspectos como “la pobreza rural y el desplazamiento de la población del campo”.

Otro rasgo característico del agro es su “relación de subordinación” con las diferentes cadenas de producción agroindustrial comercial. Es que, en la mayoría de los casos, la industria y la intermediación comercial “se apropian de una parte relevante del ingreso global de la cadena”, “multiplicando de manera relevante [el precio] para el consumidor final” y “afectando el poder de compra de los trabajadores sobre los alimentos”.

Por este motivo, se reclama “poner en debate el funcionamiento en términos de cadenas de valor” del sector, en especial los mecanismos de intercambio y el precio en el que se realizan las transacciones, los márgenes de intermediación del conjunto de la cadena y sus impactos en el precio de los bienes de consumo de la canasta familiar, y los niveles de concentración y dominación en la fase industrial.

Por último, denuncian que, a pesar de las distintas situaciones atendidas, no existe una “política sectorial en clave de desarrollo productivo”, y proponen para esto focalizarse en “una estrategia de desarrollo productivo nacional”. A raíz de esta situación macro, consideran necesario ejecutar “diversas medidas de política económica e incluso herramientas legislativas, para direccionar la producción de mediano y largo plazo, aun cuando esto pueda ir en contra de las señales vertidas por el mercado en el corto plazo”.

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