13% de las mujeres empleadas en el mercado de trabajo uruguayo pertenece al sector doméstico. 46% de estas no cuenta con cobertura de seguridad social. En América Latina las cifras son similares: el sector concentra 11% del empleo femenino, con una tasa de informalidad promedio de 73%. A una década de la firma del primer convenio por negociación colectiva del grupo 21, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) organizó un jornada de reflexión compartida entre representantes del gobierno, la sociedad civil, las trabajadoras, el sector empresarial y la academia, en la que, entre otros, se presentaron dos trabajos que analizan el impacto de la legislación local sobre las trabajadoras domésticas. Además de la informalidad, la falta de concientización y el agravamiento de los problemas en el interior del país se presentan como nudos estructurales que urge atender.

Los consejos y la ley

Desde la Unidad de Estadística del MTSS, María José González presentó un estudio sobre la evaluación del impacto de las políticas implementadas en los últimos diez años a las asalariadas domésticas, como la Ley 18.065, de regulación del trabajo doméstico, y la apertura del grupo 21 en los Consejos de Salarios. Según la economista, entre los asalariados privados, las ocupadas en tareas domésticas –99% son mujeres– presentan “varios indicadores que dan cuenta de una mayor vulnerabilidad del hogar al que pertenecen y peores condiciones de inserción en el mercado laboral”. En particular, sostiene que la incidencia de la informalidad “más que triplica” a la registrada por el resto de los asalariados privados.

Además de ser en un 99% mujeres, las asalariadas en tareas domésticas tienen, en promedio, mayor edad, menor nivel educativo, más presencia en el interior del país, en hogares de menores ingresos y con menores ingresos laborales mensuales y por hora que el resto de los trabajadores en el sector privado. Según González, “esta caracterización relativa se ha mantenido estable en términos generales en los últimos diez años”.

No obstante, desde el primer acuerdo firmado en los Consejos de Salarios hasta julio de 2017 –el estudio se basa en datos hasta esa fecha– los aumentos de salarios en el sector fueron de 125% en la primera franja definida por convenio, 73% de la segunda y 30% de la tercera. Por otro lado, se estima que las políticas que promovieron la formalización de las asalariadas privadas domésticas entre 2007 y 2017 lograron que hubiera un aumento de seis puntos porcentuales en la cobertura en seguridad social en el sector. González explicó que este análisis surge de la comparación entre un grupo de “afectados por la política” y un “grupo de control” compuesto por personas “de similares características pero no afectadas por la política”. Con este método también se da cuenta de un aumento de 9,7 puntos porcentuales en los ingresos mensuales en términos reales.

Salario mínimo y efectos adversos

Sharon Katzkowicz presentó el trabajo de un grupo de investigadoras del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay (Ciedur) sobre el salario mínimo para las trabajadoras domésticas en Uruguay. Afirmó que el principal propósito de establecer salarios mínimos es “proteger a los trabajadores que reciben menores salarios con pisos de ingresos decentes”. Dijo que si bien “implícitamente la política busca contribuir a reducir la pobreza y las inequidades, algunos estudios han encontrado efectos negativos del salario mínimo sobre el empleo”.

Casi 20% de las trabajadoras domésticas de menores ingresos laborales aumentaron sus salarios, incremento que se verificó tanto entre las formalizadas como entre las que trabajan “en negro”. Según el estudio, la proporción de trabajadoras domésticas de menores ingresos que aumentan su salario debido a la determinación del salario mínimo pasa de 33% en 2006 a 13% en 2016, debido “al sustantivo aumento de los laudos”. Esto también muestra que “se va constituyendo un núcleo de trabajadoras sobre las cuales es necesario pensar un par de medidas específicas para que sus ingresos por salario sigan creciendo”, afirmó.

El trabajo de Alma Espino, Soledad Salvador, Karina Colombo, Katzkowicz, Gabriela Pedetti, Martina Querejeta y Marcelo Bérgolo concluye que, si bien el salario mínimo se posicionó como “un instrumento potente para la determinación de salarios decentes”, también tuvo “pequeños efectos no deseados sobre el empleo y la formalidad”. De acuerdo con el análisis, el empleo en el sector doméstico disminuye aproximadamente 3% en el período estudiado, pero “no por existencia de mayor desempleo”, sino por un “desplazamiento [de la mano de obra] hacia otros sectores como consecuencia de un período de crecimiento y mejora de las condiciones de trabajo”, explicó la economista. Sostuvo que aun así “la aplicación de políticas amplias [fijación de salarios, inspección de las condiciones de trabajo, y campañas de difusión] logró mitigar estos posibles efectos adversos de la política”.

En la práctica

En 2006 Uruguay aprobó la regulación del trabajo doméstico, norma que sirvió de base a la Organización Internacional del Trabajo para redactar el convenio internacional 189; no obstante, “en la práctica, es un camino que todavía estamos construyendo”, dijo Miriam da Rosa, secretaria del interior del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas.

El conversatorio, organizado por el MTSS junto con la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, el Banco de Previsión Social, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Ciedur y la iniciativa PEP (Partnership for Economic Policy), se proponía revisar, con una mirada regional, las lecciones aprendidas, así como apuntar a políticas a futuro.

Hubo consenso entre los participantes en la necesidad de una “mayor concientización”, tanto entre los empleadores como entre los trabajadores. Por su parte, Da Rosa puso el foco en “que se cumpla efectivamente” lo que dictan el convenio colectivo vigente y la Ley 18.065. Dijo que “la mayor dificultad” se encuentra en el interior del país, porque “la inspección del ministerio no llega con la misma celeridad que en la capital”, y que las fronteras constituyen un punto de “gran preocupación”. “Allí necesitamos la mano de la inspección apuntalando nuestro trabajo de hormiga, que es la concientización”, señaló. También dijo que los horarios de atención de las oficinas del MTSS y del Banco de Previsión Social (BPS) “no ayudan”, ya que se superponen con la jornada laboral.

La coordinadora de Cotidiano Mujer, Lilián Celiberti, también consideró un desafío llegar al interior del país y abordar las "incipientes formas de organización de las trabajadoras migrantes con el sindicato”. Sostuvo que “el problema de la sindicalización no es sólo la afiliación a un sindicato, sino la creación de lazos, vínculos y comunicaciones entre las trabajadoras, que requiere cambios de dedicación, algo que constituye otro tipo de desafío”.

Como representante del sector empresarial, en particular en el directorio del BPS, Elvira Domínguez, hizo dos propuestas. Por un lado, “pensar fuera de la caja” y “no solamente el trabajo doméstico en condición de dependencia, sino como alguien que viene a venderme un servicio con un monotributo o una empresa unipersonal”; por otro, sugirió la posibilidad de “descontar el sueldo y los aportes de la trabajadora doméstica” del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas de sus empleadores, como un “estímulo positivo” para reducir los niveles de informalidad.

Más allá de las formas, Laura Alberti, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, sostuvo que se trata de “un cambio que es cultural”, y que el norte debe ser “apuntar a entender que las obligaciones van más allá de las consecuencias legales y que apuntan a una razón humana, por sabernos iguales como sujetos de derecho que somos”.